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El 13 de octubre se llevó a cabo la Quinta cumbre de mujeres del departamento de La Paz, con con la presencia de 380 participantes y el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales y evaluar la aplicación de las Leyes de prevención, atención, protección y erradicación de la violencia contra la mujer.

Las representantes de las 20 provincias del departamento estuvieron presentes en el auditorio del Banco Central de Bolivia, en una jornada en la que autoridades plurinacionales, policía e instituciones contextualizaron los avances y desafíos de la implementación de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, promulgada en 2013 y la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, publicada en mayo de 2012, las que posteriormente fueron analizadas en mesas de trabajo.

Entre las conclusiones y propuestas de las mesas de trabajo destaca:

Respecto a la Ley 348, una vida libre de violencia para las mujeres aún no está garantizada y, aunque es importante difundir la ley, también es prioridad exigir el cambio de las estructuras patriarcales y machistas para el efectivo funcionamiento de las instancias de atención inmediata en la justicia y en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y que éstos cuenten con profesionales que entiendan el contexto y hablen idiomas indígenas, además de efectivizar el presupuesto para las casas de acogida.

En cuanto a la Ley 243, se exige el cumplimiento de la paridad y alternancia en la elección de candidatas y candidatos porque esto no se está concretando. Las mujeres, además de conocer las leyes, deben ejercer sus derechos y su capacidad de decisión. En el ejercicio público no se ha superado el acoso, la discriminación y las condiciones desfavorables para el trabajo de las mujeres en estos espacios.

Por su lado, la mesa de Participación y Control Social plantea que los POAs de los municipios incluyan presupuesto y actividades de información y acción respecto a la violencia, feminicidio y marco legal; así como evitar que las "conciliaciones" en la justicia comunitaria encubran mayor violencia y feminicidio. Igualmente, generar espacios de información sobre derechos sexuales y reproductivos; contar con atención preferencial para las personas con capacidades diferentes y adultas mayores; el Ministerio de Educación debe promover la incorporación de las leyes 348 y 243 en los currículos y, por último, se demanda que los niveles central, departamental y municipal impulsen el cumplimiento de las leyes mencionadas.

El evento estuvo organizado por Fundación Machaqa Amawta, Gregoria Apaza, CIPCA, CDIMA y la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz.

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